El debate sobre la intransigencia de gobierno no se limita a un estilo: cuando el malestar económico crece, cada decisión rígida se traduce en menos margen para negociar con sectores que hoy sostienen o rechazan el rumbo. Quien gobierna sin concesiones acumula poder formal pero pierde capacidad de respuesta frente a una crisis que no entiende de victorias discursivas. La pregunta de fondo es cuánto cuesta esa rigidez a quienes no participan de la disputa política y deben pagar el precio cotidiano de cada cálculo.