Cuando un funcionario evita las preguntas, el debate público pierde la posibilidad de contrastar datos y decisiones antes de que se vuelvan políticas. El argumento apunta a una discusión que atraviesa a todos los gobiernos, con independencia de su signo. Un poder que se resguarda de la pregunta gana tranquilidad en el corto plazo, pero paga con menos control ciudadano sobre lo que hace.