La investigación pone a prueba si una orden judicial puede hacerse cumplir sobre un político con recursos para moverse en avión privado a través de una frontera. Si el vuelo se concretó, quedaría en evidencia una brecha entre lo que dice la Justicia y lo que ocurre en los aeropuertos. Hay también un costo institucional: el caso compromete la credibilidad de los controles migratorios de la región. Lo que se resuelva en los próximos días dirá mucho sobre quién responde cuando la ley llega a la pista.