Las instituciones dependen de que la gente acepte sus reglas, y cuando esa aceptación se erosiona, el costo lo paga el conjunto en servicios y obras. La infraestructura que se rompe en una protesta se reconstruye con dinero de todos, incluidos quienes nunca estuvieron en la marcha. Cada episodio de este tipo deja una pregunta abierta sobre quién responde por lo que es de todos.