La inteligencia artificial avanza más rápido que los marcos legales que deberían regularla, y el poder sobre su desarrollo está en pocas manos privadas y gobiernos. Si el poder se fragmenta, ningún país puede imponer reglas por sí solo y los estándares comunes pasan a depender de negociaciones multilaterales que hoy van lentas. Eso afecta a cualquier sector que use IA, desde la seguridad hasta el empleo y la información que circula. Lo que está en juego es quién define los límites de una tecnología que ya opera sin ellos.