Si las estatales quedan con deudas originadas en una empresa privada, el costo de esos pasivos puede terminar recayendo sobre el presupuesto público antes de que se concrete cualquier venta. Los pasajeros que reclaman reintegros quedan en una posición más débil frente a un deudor que no responde. El debate sobre el destino de esas empresas dependerá de cuánto se haga cargo el Estado de las cuentas que hoy quedan pendientes.