Cuando una recesión se profundiza y al mismo tiempo se archivan causas judiciales, la pregunta deja de ser solo económica y pasa a quién rinde cuentas y ante quién. Para un trabajador o un jubilado, la caída del consumo se traduce en salarios que no alcanzan y en empresas que cierran. Lo que se pone en juego es la confianza en que las reglas valen para todos por igual.