Cuando un gobierno encuadra una protesta como disturbio, el debate deja de ser sobre las demandas y pasa a ser sobre el orden público. Esa operación cambia qué se discute en el Parlamento y en los medios, y posterga la negociación con quienes reclaman. La disputa de sentido también determina quién carga con el costo político de la represión o de la inacción.