Si los límites marítimos cambian por acuerdo entre dos países, cambia también quién controla recursos del subsuelo y rutas de navegación en un mar que Grecia y la UE consideran propio. La disputa tiene consecuencias para el reparto de zonas económicas exclusivas y para la capacidad europea de sostener posiciones comunes frente a un vecino con peso propio. Un acuerdo de este tipo puede sentar un precedente que trascienda al Mediterráneo oriental. Lo que se define no es solo una línea en el mapa, sino quién tiene la última palabra sobre el mar.