Es el segundo ataque de este tipo contra embarcaciones en el Pacífico, y cada operación fija un precedente sobre cómo se trata a los sospechosos de narcotráfico en el mar. Las víctimas no pasaron por un juicio y la información sobre su identidad y su rol depende de la versión oficial. Lo que se decide en estas aguas no se discute en público con el mismo detalle que en tierra, y eso deja a los países de la región sin control sobre una práctica que los afecta directamente.