Al anular la orden de septiembre, el tribunal deja en pie el impuesto a las segundas residencias en su forma actual y evita que la municipalidad vuelva a empezar el trámite. Para los dueños de propiedades que no viven en la ciudad, la decisión confirma que la carga sigue vigente y que impugnarla exige demostrar un daño personal y verificable. El fallo también fija un criterio sobre quién puede llevar a juicio una política fiscal municipal.