El fallo deja en suspenso una designación en una empresa estatal y obliga a definir si un proceso judicial por violencia contra la mujer alcanza para frenar un cargo público antes de una condena. La decisión marca hasta dónde llega la idoneidad exigida a quien administra recursos del Estado y cuánto pesa la presunción de inocencia cuando todavía no hay sentencia firme. Lo que se resuelva en este expediente va a servir de referencia para los próximos nombramientos.