La decisión elimina una barrera judicial que buscaba proteger a menores en zonas de operaciones, y el fallo apoya la continuidad de los bombardeos bajo la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario. Para las comunidades rurales donde se realizan estas operaciones, el cambio significa que la protección de los menores vuelve a depender de la evaluación militar y no de un control judicial específico. La pregunta que queda abierta es quién verifica, después, lo que ocurre sobre el terreno.