Cuando un procedimiento policial se usa para cobrar dinero a cambio de evitar una detención, lo que se pone en juego es la confianza de cualquier vecino en quien debería aplicar la ley. Los casos de este tipo suelen quedar ocultos porque la víctima necesita pagar para resolver el problema. Que la Fiscalía avance con prisión preventiva marca que el pedido no se trata como un hecho menor.