La intrusión se produjo pocos días después de una denuncia pública del funcionario, lo que obliga a investigar si fue un hecho delictivo común o una presión vinculada a lo que denunció en el Congreso. El vocero del Gobierno dio la versión oficial, y aún falta que la justicia establezca móviles y responsables. Lo que se pone en juego es la seguridad de quienes denuncian irregularidades desde el Estado y la credibilidad de las investigaciones que sigan a ese hecho.