La división del sector permite que el gobierno negocie con unos y deje afuera a otros, lo que cambia el peso real de la protesta. Quien trabaja en carretera y depende del flete siente en el precio y en la demora cada paso que se da en la mesa. Si el acuerdo se firma con quienes no marchan, la presión que queda en la calle pierde respaldo institucional y el conflicto se vuelve más difícil de cerrar.