Cuando cambia quien conduce la política energética, las inversiones de largo plazo quedan en suspenso hasta que se conocen las reglas. Las restricciones geopolíticas agregan un costo extra a proyectos que dependen de financiamiento y proveedores externos, y eso se traslada a tarifas y empleo en las provincias productoras. La señal que dé el nuevo esquema definirá si los capitales que estaban esperando se mueven o se quedan quietos. Para una familia, eso se traduce en cuánto va a pagar por la luz y el gas en los próximos años.