La medida reúne a sectores que rara vez marchan juntos: docentes activos, personal auxiliar, cesantes y jubilados. Si la movilización se sostiene, el reclamo por presupuesto educativo y pagos atrasados llega a la agenda del Gobierno peruano en plena discusión presupuestaria. Para las familias, un paro de este tipo se traduce en días sin clases y en la necesidad de organizar el cuidado de los chicos. La pregunta de fondo es quién absorbe el costo de un sistema que se financia con postergaciones.