El Estado le entrega un contrato de casi S/ 84 millones a empresas que, en conjunto, le deben más de lo que ese contrato vale. Con antecedentes de incumplimientos laborales y fallas en el servicio, el riesgo de que el dinero público se pague sin que el trabajo se cumpla queda en el centro. Para el ciudadano que paga impuestos, la diferencia entre lo que se debe y lo que se contrata es la medida de cuánta confianza puede tener en quien recibe la plata.