Si se confirma que agentes de seguridad armaron pruebas falsas en una causa de homicidio, cada expediente vinculado a esos policías queda bajo sospecha y puede reabrirse. La investigación pone en juego la credibilidad de la fuerza en la pesquisa y el derecho de los acusados a una defensa con elementos verdaderos. Lo que resuelva la justicia en las próximas audiencias definirá quién responde por el crimen.