Las condenas dejan en claro que el encubrimiento dentro de la propia policía fue parte del caso, no un detalle lateral. Que una fuerza de seguridad haya sido señalada por matar y luego disfrazar el crimen obliga a revisar los mecanismos de control interno en un país donde las denuncias por violencia contra personas LGBT+ suelen quedar sin castigo. La sentencia pone a prueba si la justicia puede sostenerse frente a quienes deberían proteger a la población.