El pedido apunta a una institución que organiza las elecciones en México y maneja un presupuesto público de gran escala, por lo que cualquier hallazgo impactaría en la confianza en el sistema electoral. La auditoría deberá determinar qué recursos se usaron y cómo, y si hubo responsabilidades de quienes conducían el organismo. Lo que se revele va a condicionar el debate sobre cómo se controla el gasto de las instituciones que garantizan el voto.