Cuando una acusación de fraude migratorio contra una legisladora pasa del estrado político a los gritos de una multitud, la discusión deja de ser sobre la investigación y pasa a ser sobre quién puede ser señalado como enemigo. El caso pone en juego la validez de un cargo electo y la seguridad de quien lo ocupa, mientras la investigación sigue abierta. Lo que se resuelva en los tribunales va a definir si la acusación tiene sustento o si queda como una herramienta de desgaste.