Cuando un gobierno cuestiona el relato sobre la dictadura, las organizaciones de derechos humanos suelen responder con actos como este, y el debate sobre qué se recuerda y cómo se lo nombra se vuelve parte de la política de todos los días. En juego está el lugar que ocupan los crímenes de la última dictadura en la memoria colectiva y en las políticas públicas. Lo que se decida sobre esa memoria hoy condiciona las próximas décadas de la discusión sobre los derechos humanos en el país.