Cada unidad productiva que cierra arrastra empleos, proveedores y clientes, y la caída se extiende por 23 provincias, lo que indica un problema generalizado y no regional. Cuando las pymes pasan a la informalidad, sus trabajadores quedan sin aportes, sin cobertura y sin indemnización posible, y el Estado deja de recaudar sobre esa actividad. El caso neuquino muestra que una sola actividad de gran escala puede generar nuevas empresas incluso en medio de la caída general. La pregunta que queda abierta es qué pasa con el tejido productivo de las provincias que no tienen un motor como ese.