La operación se vendió como ayuda humanitaria, y esa fachada es lo que la hacía peligrosa: quien debía proteger a los chicos era justamente quien los iba a sacar de su entorno. Que la denuncia viniera de organismos internacionales muestra que el control local no alcanzaba para detectar el negocio. Los niños, sus familias y sus lenguas quedaban fuera de cualquier registro legal. Un tráfico de esta escala sólo funciona mientras nadie revisa la ayuda que llega con buenas intenciones.