El monto obliga a discutir cuánto cuesta en concreto aplicar el régimen penal juvenil y de qué fondos saldría. La polémica gira en torno a si los dispositivos alojarán o no a menores de 18 años, lo que cambia el encuadre legal de la inversión. Según cómo se resuelva, el dinero destinado a las cárceles puede quedar atado a un régimen que todavía no tiene una definición clara.