El decreto de listas de espera afecta a pacientes que esperan meses por cirugías y consultas en el sistema público español, y la discusión sobre la publicación de datos determina cuánto puede verificar la ciudadanía la eficiencia de cada comunidad. Si el PP vota en contra de la transparencia, la información sobre demoras quedará en manos de cada gobierno regional. Es un debate de gestión que impacta directamente en quién puede saber cuánto tiene que esperar.