Incluir un derecho en la Constitución exige reformas que requieren mayorías calificadas en el Congreso y en el Senado, así que el anuncio condiciona la discusión a un escenario electoral todavía abierto. El tema divide a la sociedad española y a los partidos, y cualquier reforma constitucional en esa dirección marcaría un cambio de largo plazo que trascendería a este gobierno.