La causa pone en el centro de la disputa política española el uso de imágenes generadas por inteligencia artificial de personas reales en campañas partidarias. Si la justicia acepta el argumento de suplantación, el material sintético dejaría de ser una zona gris para la propaganda electoral. Cualquier persona pública, y cualquier ciudadano, quedaría más expuesto a ver su rostro y su voz usados sin permiso. Las próximas resoluciones van a definir qué límites reconoce el derecho a la imagen frente a la competencia política.