Una reforma así obligaría a dos tercios de las Cortes y, en algunos casos, a un referéndum, lo que vuelve el cambio más difícil que una ley ordinaria. Si prospera, el derecho quedaría protegido frente a futuros cambios de mayoría parlamentaria, algo que hoy depende de la ley vigente. El debate sobre el alcance de esa protección seguirá abierto en el Congreso y en la calle.