El robo de cables deja sin luz, sin señal y sin servicios a barrios enteros, y su reducción del 93% entre 2024 y 2025 muestra que el negocio dependía de tener dónde vender el cobre. Cuando las chatarrerías cierran, el robo deja de ser rentable y los costos de reparación, que siempre terminan pagando los vecinos, empiezan a bajar. El control sobre quien compra el metal pesa más que la vigilancia de cada cable.