El cargo concentraría en una sola persona la definición de la política de derechos humanos y el esquema de garantías en los territorios, un área que suele generar conflictos entre el Estado y comunidades. La designación de alguien de confianza directa del presidente electo marca que la agenda será conducida desde el círculo cercano y no desde instituciones con mayor autonomía. Lo que se decida en esa oficina afectará a quienes viven en zonas donde la presencia estatal es más frágil.