Si la climatización pasa a ser un asunto de salud pública, la discusión sobre quién puede pagarla deja de ser solo económica. Los hogares de menores ingresos, los adultos mayores y quienes viven en departamentos sin ventilación cruzada quedan más expuestos a golpes de calor cuando el acceso depende del bolsillo. Esa lectura podría traducirse en subsidios, tarifas sociales o normas de vivienda que hoy no existen. La pregunta de fondo es quién se hace cargo del costo de no tenerlo.