La publicación del contrato a días del cambio de gobierno abre la pregunta sobre cuántos acuerdos de ese tipo se firmaron en la última etapa de una gestión y con qué criterios se otorgaron. El caso ya tiene a una denunciante con una acusación de alto voltaje contra el poder político más alto del país, y cada documento nuevo puede cambiar la forma en que se investiga. Lo que está en juego es si el sistema de contratación pública puede resistir la sospecha de favoritismo cuando la relación entre quien contrata y quien cobra se vuelve personal.