Cuando los comercios sienten que el Estado no los cuida, empiezan a pagar por su propia seguridad: vigiladores, cámaras y horarios recortados que terminan saliendo de su bolsillo. Ese costo lo acaban sintiendo también los clientes y los empleados que dependen de cada local abierto. Lo que está en juego es quién paga la sensación de seguridad en la calle.