La renuncia expone un conflicto de competencias entre la Ciudad de Buenos Aires y la Justicia federal que impacta directamente en la conducción de la política de seguridad. Cuando un funcionario denuncia por escrito una intromisión judicial, la discusión deja de ser administrativa y pasa a estar en el centro del debate institucional. El reemplazo y las explicaciones que den el Gobierno nacional y la Ciudad marcarán el alcance real del conflicto.