Cuando un abogado deja un cargo en Seguridad y, al irse, apunta contra un tribunal de la Ciudad por meterse en fallos del fuero federal, la discusión deja de ser un cambio de nombres en un organigrama. Pasa a ser una pregunta sobre quién decide qué, y en qué jurisdicción. Eso, que parece un asunto de especialistas, termina en la vida de cualquiera que alguna vez necesitó que una causa llegue a manos del juez correcto.

Buenos Aires convive hace años con una superposición poco explicada: hay justicia nacional, justicia federal y justicia de la Ciudad, y la frontera entre ellas se fue corriendo a fuerza de acuerdos, traspasos y fallos. Un ejemplo reciente es el acuerdo de transferencia de la función judicial laboral del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo porteña, aprobado por la ley 27.802 y analizado por la UCA en 2026. Es el mismo movimiento de fondo: competencias que migran de un fuero a otro, a veces con reglas claras y a veces con zonas grises.

En esas zonas grises es donde una acusación como la de Curi encuentra terreno. Conviene decirlo con precisión: lo que hay es una denuncia, no una conclusión probada, y a ella le corresponde el trámite que le toque. Pero aun como denuncia, ilumina algo que el ciudadano de a pie nota sin ponerle nombre: cuando no está nítido quién resuelve, las causas se demoran, se discuten y se vuelven previsibles o impredecibles según dónde caigan.

En cualquier país con más de un nivel de justicia, la independencia entre fueros depende menos de las declaraciones que de una regla simple: que cada expediente sepa de antemano adónde va y que nadie pueda ocupar el lugar del otro. Lo que se juega en esta renuncia es esa certeza. Una Ciudad con justicia propia y un Estado federal con la suya solo funcionan si cada una respeta el límite de la otra, y ese límite es lo que le da valor a cualquier fallo.