Una renuncia en el área de ciencia a poco más de un mes de asumir deja al organismo sin conducción y obliga a designar a alguien que retome proyectos que quedaron a mitad de camino. Cuando el conflicto se expresa en una carta pública, la discusión deja de ser interna y pasa a ser sobre cómo se trabaja en el Estado. Lo que está en juego es la continuidad de la política científica, que necesita estabilidad para avanzar.