La oficina de derechos civiles es el organismo que debería revisar abusos de fuerza y denuncias de discriminación dentro del propio Estado federal. Su conducción queda ahora vacante justo cuando el Congreso quiere auditar su desempeño en dos frentes sensibles: los expedientes Epstein y los homicidios en procedimientos migratorios. Quien herede el cargo tendrá que responder preguntas sobre decisiones que su antecesora dejó sin explicar. La salida anticipa un año en el que cada decisión de ese despacho va a estar bajo lupa pública.