Una restricción de visado impuesta por Estados Unidos a un juez de alto rango de Santa Cruz muestra que las sanciones migratorias pueden tener consecuencias directas sobre la conducción de instituciones judiciales locales. La salida del cargo deja un vacío en uno de los tribunales más relevantes del departamento y abre la pregunta sobre quién lo ocupará. Hasta que haya información oficial sobre los motivos de la medida, el caso se mantiene en el terreno de las consecuencias institucionales.