El proyecto reabre un debate que el país había cerrado hace más de dos décadas: quién presta servicio y en qué condiciones. Si prospera, el Estado podría llamar a jóvenes a tareas de asistencia en zonas afectadas por inundaciones y sequías, un uso del personal militar que hoy depende de decisiones de emergencia y no de una ley permanente. Lo que está en juego es si la respuesta a desastres se apoya en el reclutamiento o en otras herramientas civiles.