Las sanciones apuntan a comandantes concretos, lo que convierte la violencia sexual en un crimen con responsables individualizados y no solo en un dato del horror de la guerra. Congelar activos y restringir viajes limita el acceso de esas figuras al sistema financiero internacional. Es un paso que busca que la impunidad tenga un costo personal para quienes dirigen las fuerzas en combate.