Un reclamo presupuestario llega ahora a una instancia religiosa internacional, lo que muestra que el conflicto excede la discusión local. El documento advierte sobre consecuencias institucionales para las universidades, que dependen de fondos que hoy no se cumplen según la carta. La disputa en tribunales determinará si la ley se hace efectiva o queda como una promesa incumplida. Lo que se pone en juego es la continuidad de la educación superior pública y la capacidad de sus instituciones para sostener funciones básicas.