Que el reclamo llegue a la máxima autoridad de la Iglesia católica suma una instancia internacional a un conflicto que ya tuvo definiciones en el Congreso y en tribunales. Los rectores advierten que la caída de fondos afecta el funcionamiento de las universidades y la producción científica del país. El caso pone en juego el cumplimiento de una ley que el Ejecutivo no aplicó, con efectos directos sobre miles de estudiantes y docentes.