Cada acuerdo con el Gobierno nacional define cuánto dinero llega a las provincias y qué jueces ocupan los tribunales locales durante años. El caso del DNU 70 muestra que la sesión opositora dependía de cuántos legisladores provinciales se animaran a romper con sus gobernadores. Cuando el voto en el Congreso se negocia con la billetera de cada provincia, la discusión de fondo deja de ser ideológica y pasa a ser de caja.