Cuando un dinero de esta magnitud aparece vinculado a una figura política, la pregunta central pasa por la trazabilidad de los fondos y por la transparencia de las campañas. El seguimiento financiero puede derivar en imputaciones, congelamiento de cuentas o nuevas causas contra otros actores. Para la política ecuatoriana, el expediente pone a prueba la capacidad de la justicia para avanzar sobre dinero de origen opaco.