Las sanciones de Estados Unidos sobre funcionarios bolivianos suman un factor externo a una disputa interna que ya tiene a la oposición y al oficialismo enfrentados por la transparencia de las instituciones. Si el Legislativo no responde al pedido, el caso queda como una prueba más de la distancia entre las acusaciones de corrupción y las decisiones concretas del Congreso. La presión internacional sobre el Parlamento podría crecer si aparecen nuevas restricciones de visado.