Cuando un negocio privado se entrelaza con decisiones públicas, la discusión deja de ser personal y pasa a ser sobre reglas y transparencia. Lo que se pone en juego es cuánto puede pesar una relación comercial en la relación con el Estado. Sin datos verificables en el texto, la acusación queda como una lectura de su autor. Vale mirar si aparecen expedientes, contratos o licitaciones que la respalden.