Un operativo de esa escala en simultáneo en varias ciudades indica que el conflicto excede lo local y pone a prueba la capacidad del Estado para sostener el orden en el espacio público. Cada jornada de tensión aumenta el costo para la economía urbana y para quienes deben circular o trabajar en las zonas afectadas. Lo que está en juego es si el reclamo encuentra canales de salida o se profundiza en la calle.